Amnistía Internacional condena represión a protestas en Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) presenta este martes un nuevo informe sobre la represión a nicaragüenses en el marco de las protestas contra las reformas al Seguro Social del gobierno del presidente Daniel Ortega, y la expone como una “estrategia intencionalmente letal” cuyo fin es “castigar las voces disidentes”.

El documento titulado “Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”, enfatiza que luego de las manifestaciones en abril y mayo de este año, “el Gobierno de Nicaragua llevó a cabo una estrategia de represión violenta, como hacía años no se vivía en el país”.

Los saldos hasta el momento, según el informe, son de 70 personas asesinadas presuntamente “a manos del Estado” y cientos gravemente heridas.

Pilar Sanmartín, investigadora y coordinadora del informe en AI, explica en entrevista con la Agencia Anadolu que esta violencia “se ha servido de grupos parapoliciales para llevar a cabo esa estrategia represiva" y agregó que "hubo la intención de causar la muerte por parte de las autoridades a personas que se manifestaban”.

Según la investigadora, algunos de los asesinatos y lesiones causados con proyectiles, se realizaron desde una trayectoria de “arriba para abajo con francotiradores en una posición privilegiada”, y por esa razón alerta posibles ejecuciones extrajudiciales.

Violencia con un propósito

Según Amnistía Internacional, la estrategia se basa especialmente en “el discurso oficial de la negación”, donde las principales autoridades, como el presidente Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, guardaron silencio.

Acompañado de ello, según Sanmartín, se encuentra el control de la prensa nacional, cuyas consecuencias derivaron en el asesinato de un periodista (Miguel Ángel Gahona) muerto de un disparo en la cabeza mientras grababa un enfrentamiento entre manifestantes y policías, en una localidad costera nicaragüense.

En el caso de la “utilización de grupos parapoliciales armados”, la organización acusa que actúan en coordinación de la Policía Nacional del país.

“Un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”, enfatiza.

Otro de los factores que enlista el documento de 36 páginas, es el referente a las irregularidades en las investigaciones con “actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, a través de la falta de realización de diligencias iniciales básicas y cruciales”.

La investigadora cuenta que, durante los días de trabajo en Nicaragua, detectaron que no se registraban correctamente las causas de la muerte, el Gobierno presionaba a las familias para que firmaran actas de desistimiento ante la fiscalía y no se preservaba la escena del crimen.

Conclusiones y recomendaciones

AI concluye en su informe que la respuesta del Gobierno de Nicaragua es ilegítima y “plagada de serias violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”. “Tenía la finalidad de castigar las voces disidentes, desincentivar la continuidad de la crítica ciudadana y encubrir las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos”, agrega.

En las recomendaciones instan a Ortega a que respete el derecho a la libertad de expresión, implemente medidas para asegurar que las fuerzas policiales no cometan uso excesivo de la fuerza, detener el discurso criminalizador y los actos de represalias a manifestantes.

Entre otros puntos, exigen al Ministerio Público nicaragüense investigar de forma “pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.

Es decir, levantar la evidencia, proteger la escena del crimen, garantizar la cadena de custodia, la participación de las víctimas y sus familiares, al tiempo que el Instituto de Medicina Legal emita informes sobre los cadáveres con signos de ejecución extrajudicial.