Política

El Gobierno de Nicaragua acusa a España de mantener pretensiones coloniales

El Gobierno de Daniel Ortega exigió a las autoridades españolas atender sus asuntos internos y no entrometerse en la política nicaragüense.

Sammy Johan Palomino Uribe  | 13.08.2021 - Actualızacıón : 15.08.2021
El Gobierno de Nicaragua acusa a España de mantener pretensiones coloniales El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. (La Voz del Sandinismo - Handout - Agencia Anadolu).

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El Gobierno de Nicaragua respondió este 12 de agosto a la llamada a consultas de la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacio, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Esta medida se adoptó luego del que la administración del presidente Daniel Ortega enviará un comunicado al Gobierno español recriminando una presunta actitud política injerencista en los asuntos de interés nacional nicaragüense.

"No nos corresponde analizar la profunda crisis política, democrática, económica y social que vive esa nada perfecta España, denunciada por todos los sectores de ese pueblo amigo. Sin embargo, en vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, de inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer".

Previamente, España emitió un comunicado censurando la ilegalización del último partido opositor del Gobierno de Ortega y anticipó de que las elecciones en Nicaragua previstas para el 7 de noviembre no cumplirían con las garantías democráticas.

La Cancillería calificó la nota de "inadmisible intromisión" en los asuntos nicaragüenses y acusó a España de carecer de "autoridad moral" en virtud de "tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena".

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social que se ha agudizado en las últimas semanas a consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte de las autoridades gubernamentales contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes.

El Gobierno español exigió al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, de manera que se garanticen los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política.

No obstante, la administración de Ortega ratificó sus afirmaciones y pidió a las autoridades españolas “cumplir con todas sus obligaciones en términos de Derechos Humanos y Democracia, en un marco legal no represivo, que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos, en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa".

Ver también: La Unión Europea señaló que las elecciones presidenciales en Nicaragua no serán democráticas.

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