Por: José Ricardo Báez G.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se llevó a cabo el Foro “Biodiversidad y posacuerdo: retos ambientales por la paz” en la Universidad Nacional, donde se resaltaron los resultados de investigaciones y los desafíos que enfrenta el medioambiente y la biodiversidad colombiana tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

En la charla participó Carolina Cubillos, profesional de planeación de ecoturismo de Parques Nacionales de Colombia; Ruth Gutiérrez, bióloga de la Universidad Nacional, Germán Vélez, director del Grupo Semillas y Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales. Helena Durán, investigadora académica de Dejusticia, dio un panorama general de los principales retos ambientales para la etapa de construcción de paz, una charla basada en un libro parte de una serie de publicaciones del centro de estudios jurídicos y sociales llamada ‘Ideas para construir la paz’.

Conflicto y medioambiente

Los conflictos armados están estrechamente relacionados con el medioambiente. Ya sea porque los recursos naturales son causa del conflicto, o son una forma de mantenimiento y sostenimiento de las partes involucradas, o porque son afectados de manera directa por la guerra.

El 81% de los conflictos armados que se dieron alrededor del mundo entre 1950 y 2000 tuvieron como escenario zonas de alta biodiversidad, según una investigación publicada por varios académicos llamada ‘Guerra en puntos críticos de biodiversidad’. Por eso es relevante la relación entre conflicto armado y medioambiente, en especial en un un escenario de posconflicto como el que enfrenta Colombia.

Si bien el medioambiente podría ser un benefactor de la paz, pues se pueden hacer investigaciones en lugares que antes no se podían visitar, también en muchos casos de conflictos armados como el de Nicaragua, Congo, Ruanda, Uganda, termina siendo una víctima. En escenarios de construcción de paz la degradación ambiental aumenta de manera significativa tras la firma de los acuerdos y esto genera nuevos conflictos sociales, en un círculo incesante de violencia.

El caso colombiano

Si bien el conflicto colombiano no está sustentado por la explotación de los recursos naturales, sí se encuentra ligado de cierta forma a estos recursos porque una de las principales causas de la guerra es la distribución de la tierra y las actividades que se pueden hacer con ella.

En nuestro país los recursos naturales han servido de elemento de sostenimiento del conflicto. Si pudiéramos sobreponer las zonas donde la guerra fue más intensa con las zonas de protección ambiental, se evidencia que ocurrió en zonas de alta biodiversidad, pues estos lugares eran parte de la estrategia de guerra para ocultarse, para plantar cultivos ilícitos y procesar coca.

Además, hubo explotación de recursos naturales que ayudaron a financiar el conflicto armado, como los cultivos de uso ilícitos, la minería ilegal y las vacunas sobre actividades como la ganadería y la explotación de hidrocarburos. Estas actividades afectan el medioambiente y terminan estando ligadas de manera inevitable al conflicto armado.

Tanto víctima como benefactor

El medioambiente en Colombia terminó siendo también una víctima del conflicto armado. Por ejemplo, tuvo daños directos o acciones dirigidas con intención para modificar el territorio y el uso de los recursos humanos, como la presencia de actores armados en parques naturales, la construcción de carreteras, deforestación ligada al uso de cultivos ilícitos, voladuras de oleoductos y minería ilegal.

Por otro lado, el medio ambiente tuvo daños indirectos. Si bien la intención no era modificar el entorno natural, de manera inevitable se veía afectado. Por ejemplo, las migraciones de personas que generaron las bonanzas mineras y cocaleras, programas inadecuados en la sustitución de cultivos, fumigaciones con glifosato y desplazamiento forzado a áreas protegidas.

El 30% de desplazados por el conflicto son comunidades étnicas que tienen una relación muy especial con el territorio, y en cierta forma la guerra expulsó a estos “guardianes de la naturaleza” y de esa forma también generó daños al medioambiente. Además, sufrió un impacto por los cambios de prioridades políticas y la poca destinación de recursos para temas de investigación de biodiversidad y protección de parques naturales.

No obstante, y de manera paradójica, el medioambiente terminó siendo un beneficiario del conflicto armado. En primer lugar, por acciones accidentales, como por ejemplo zonas naturales que se preservaron por quedar vedadas por el conflicto, que creó una barrera de hecho para que ni campesinos, ni empresas privadas pudieran entrar a ese territorio, como el caso de la Sierra del Chiribiquete. Y unas acciones un poco más intencionales, como el control que ejercía la guerrilla de las Farc en ciertas zonas donde estipulaban reglas ambientales dirigidas a la deforestación, la caza, la frontera agrícola etc., que sin duda beneficiaron a la conservación del medioambiente.

Retos ambientales para el posacuerdo

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc suscrito en 2016 plantea una Reforma Rural Integral, como un eje fundamental, pues busca resolver el acceso inequitativo a la tierra, causa estructural del conflicto. Esta Reforma es un gran reto desde el punto de vista ambiental. Por poner el caso, la creación del Fondo de Tierras que se pactó en el Acuerdo tiene vacíos: ¿de dónde va a salir la tierra?, ¿cómo se va a delimitar?, ¿qué tipo de intervenciones y actividades económicas se va a permitir? etc.

Para resolver esto el Acuerdo plantea algunas soluciones, como el Plan de Zonificación Ambiental y la delimitación de la frontera agrícola. Pero aún falta definir ¿para qué se va usar esa delimitación de la frontera agrícola?, si es para fines normativos o de planeación gubernamental, o ¿qué se va hacer con las áreas protegidas que ya han sido intervenidas?. Y en cuanto al Plan de Zonificación Ambiental: ¿sobre qué áreas se va hacer?, ¿para qué y cuál va a ser la utilidad de implementarlo?

Por otro lado, hay un desafío enorme para definir el uso y la vocación de la tierra, pues la gran mayoría de la tierra en Colombia no se usa de acuerdo con su vocación. No es claro cómo se puede definir, o convertir esta vocación de la tierra en, por ejemplo, territorios de turismo de naturaleza, o fitopastoriles. Pero para esto es necesario saber a quién pertenece la tierra y qué tanto ha sido intervenida, un trabajo que puede tomar muchos años. Sin olvidar que ahora han entrado nuevos actores a las zonas donde ejercía control las Farc y han empezado a acaparar tierras sobre áreas muy biodiversas.

Existe también un desafío en cuanto a las políticas gubernamentales de desarrollo económico enfocadas en un modelo extractivista sobre otras políticas como la restitución de tierras o el ecoturismo. Esto además genera conflictos socioambientales con las comunidades y mayor degradación ambiental. Es el caso de La Macarena, en el Meta, donde luego del Acuerdo se han entregado licencias ambientales para explotación de hidrocarburos.

La institucionalidad ambiental es otro gran reto que tiene Colombia, pues en el país no se le ha dado la importancia necesaria para resolver los inmensos problemas que aún existen. Por ejemplo, es muy bajo el presupuesto destinado a las instituciones ambientales, lo que representa la poca voluntad política que tiene el gobierno para enfrentar los desafíos medioambientales.

Por último, es necesario fortalecer la democracia ambiental, que por supuesto está ligada con la Paz Ambiental mencionada en el Acuerdo, y hace referencia a la participación de las comunidades en cuanto a las decisiones sobre industrias extractivas o delimitación de ecosistemas estratégicos por medio de consultas populares, consultas previas y acuerdos municipales. En particular, lo que existe es un enfrentamiento entre la concepción de desarrollo entre las comunidades y el Estado, los municipios quieren apostarle al turismo de naturaleza y a la economía agrícola campesina y el gobierno, en cambio, a un modelo extractivista.

Sustitución del conflicto

La situación actual en Colombia es preocupante. Tras la firma de los acuerdos la deforestación ha aumentado en la Amazonía y en los municipios donde las Farc ejercían un control ambiental. Están asesinando y amenazando a líderes sociales, en particular a líderes ambientales. Las consultas populares, el mecanismo que tenían las comunidades para participar en decisiones medioambientales por la vía legal y constitucional, han sido bloqueadas a través de decisiones judiciales.

También hay nuevas amenazas a funcionarios de Parques Nacionales y una mayor apuesta por el extractivismo, en especial el impulso que el gobierno le ha dado al ‘fracking’ dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo anterior está generando una sustitución del conflicto: pasamos de un conflicto contra la guerrilla, a una nueva forma de conflicto que está afectando aún más el medioambiente en Colombia.

Sin duda, esto representa que no puede haber paz ambiental sin paz territorial. Es decir, el medioambiente es eje transversal de la construcción de paz y esto implica abordar la complejidad de los territorios y replantear las relaciones socioeconómicas estructuradas durante la guerra con la participación y el trabajo integral de las comunidades.

En otras palabras, hay que definir el ordenamiento territorial del país, replantear los modelos de desarrollo social y económico, fortalecer la institucionalidad ambiental y la democracia ambiental, es decir la participación de la comunidad en las sostenibilidad y la protección del medioambiente. Es imperativo proteger, preservar y conservar el patrimonio natural del país y en especial los lugares que fueron escenario del conflicto armado y tienen altos índices de biodiversidad.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.