Mercosur creará una comisión para investigar participación de Gobiernos extranjeros en la crisis de Bolivia en 2019
El principal objetivo de la pesquisa es determinar la injerencia política externa en la dimisión del entonces presidente Evo Morales y el establecimiento de la administración de facto de Jeanine Áñez.
LA PAZ, BOLIVIA - NOVIEMBRE 15, 2019: Policías disparan gas lacrimógeno para dispersar una manifestación contra el Gobierno interino de Jeanine Áñez en La Paz, Bolivia, el 15 de noviembre de 2019. Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia luego de fuertes protestas populares y tras la rebelión de las Fuerzas Armadas de ese país. (Lokman İlhan - Agencia Anadolu)
BOGOTÁ, Colombia
El presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Óscar Laborde, informó este 16 de julio que el proceso de integración regional instituirá un comité de investigación para atender las pesquisas sobre la asunción del Gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia (2019) y la participación de Gobiernos extranjeros en esta operación.
“Nuestro objetivo es colaborar con la información sobre la asistencia de los gobiernos, posterior al golpe de Estado. Eso es gravísimo, pero es mucho más grave ayudar a los golpistas a ser gobierno y es en lo que nosotros tendremos que centrar la investigación”, dijo Laborde en el ámbito de una reunión especial de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur.
De acuerdo con el presidente del Observatorio de la Democracia, presuntamente los Gobiernos de Ecuador, Argentina y Brasil brindaron asistencia.
El jueves de la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que en noviembre de 2019 “el Gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el Gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.
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La Cancillería boliviana presentó un informe en el que sostiene que la administración del exjefe de Estado argentino envío 40.000 cartuchos y gases lacrimógenos que fueron utilizados en la represión de las protestas contra la administración de Jeanine Áñez.
En 2019, se desató una crisis social y política tras las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales fue acusado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición política del país. Tras estos hechos, se produjeron protestas civiles durante tres semanas hasta que el 10 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le sugirió al jefe de Estado que renunciara a su mandato presidencial.
Morales lo hizo y el 11 de noviembre la senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia, lo que generaría otra oleada de manifestaciones sociales contra el nuevo Gobierno.
El 15 de noviembre, en el desarrollo de intervenciones militares destinadas a controlar las protestas, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba (Cochabamba). El 19 de noviembre, en Senkata (El Alto), hubo otros 11 civiles muertos y 78 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos acontecimientos como masacres.
