Varias ciudades de Colombia viven una violenta jornada cuando se cumple un mes del inicio del paro nacional

El viernes 28 de mayo varias ciudades de Colombia vivieron una violenta jornada de protestas, en el día en el que se cumplió un mes del inicio del paro nacional contra el Gobierno de Iván Duque.

Tan solo en la ciudad de Cali, epicentro del estallido social, se reportan cuatro muertos. En el sector de La Luna, al suroriente de la ciudad, un tiroteo dejó tres fallecidos, uno de ellos fue identificado como Freddy Bermúdez, un “funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quien de acuerdo con la información recopilada hasta este momento disparó a varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, indicó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

El funcionario confirmó que Bermúdez estaba de descanso.

Periodistas del diario El Tiempo grabaron el momento en que varios policías los agredieron lanzándoles piedras, a pesar de que ellos estaban debidamente identificados como prensa con chalecos y cascos.

Ver también: Un mes del paro nacional en Colombia, entre el rechazo al Gobierno y el ‘sesgo optimista’ de los manifestantes. 

En redes sociales varias personas denunciaron que civiles armados se encontraban junto a miembros de la Policía disparando contra manifestantes. José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch afirmó: “Colombia: Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía. El ministro [de Defensa, Diego] Molano debe dar una explicación urgente”, publicó este viernes antes de las 7:00 de la noche en su cuenta de Twitter.

La crisis de orden público de Cali obligó al presidente colombiano, Iván Duque, a viajar a la ciudad y desde allí anunciar medidas para controlar los hechos de violencia que la ciudad vive desde hace varios días.

“A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la policía nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento asegurando una asistencia en puntos neurálgicos”, informó Duque en una rueda de prensa, tras un consejo de seguridad.

Por otro lado, en Popayán varias personas lazaron cocteles molotov a la Alcaldía de la ciudad al suroccidente del país; sin embargo, manifestantes pacíficos realizaron un cordón humanitario alrededor del edificio impidiendo más daños y ayudando a que el fuego fuera rápidamente controlado.

De igual forma, en los patios municipales, personas encapuchadas incendiaron varios de los vehículos que se encontraban inmovilizados allí debido a que sus dueños habían cometido infracciones de tránsito.

En Pasto se registran al menos 12 heridos en enfrentamientos entre manifestantes y miembros del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), luego de lo que antes había sido una protesta pacífica llena de música y muestras de arte.

En esa ciudad un grupo de vándalos intentó incendiar la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos, así como algunos CAI (estaciones de policía) que amanecieron vacíos.

En Bogotá se vio una manifestación de unas 4.000 personas en el Portal Américas, llamado también por los protestantes Portal Resistencia, así como multitudinarias marchas en el monumento a Los Héroes. No obstante, en la localidad de Usme, al sur de la capital, se han registrado varios enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de la Policía.

En la tarde del 28 de mayo, el magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis Armando Tolosa Villabona ordenó al Gobierno de Colombia, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo presentar acciones y avances frente al cumplimiento de tutela a protesta pacífica STC7641-2020, la cual “ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva”, según un comunicado de la institución publicado el 22 de septiembre de 2020.

El llamado al Gobierno para que respete la protesta pacífica lo realizó la CSJ luego de estudiar varios recursos que solicitaban declarar en desacato al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Diego Molano, por incumplir una tutela que en el 2020 ordenaba al Ejecutivo pedir disculpas públicas por la violencia sistemática con la que miembros de la Policía enfrentan las manifestaciones.

Según los datos entregados por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno, y hasta el 24 de mayo, ha trasladado a la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía 236 denuncias por abusos policiales que vulneraron los derechos humanos de la ciudadanía durante las jornadas de movilización.

“La CIDH publicó un duro comunicado en el que condenó las “violaciones a los derechos humanos” que se han presentado en Colombia durante el paro: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

Aunque el Gobierno de Iván Duque ha dicho que está dispuesto a que la CIDH visite el país para verificar la situación de los derechos humanos durante el paro, aseguró que podrá hacerlo después de que los órganos de control internos terminen sus propias investigaciones sobre los hechos ocurridos durante los 31 días de movilizaciones ininterrumpidas.