Barry Ellsworth
18 Junio 2019•Actualizar: 18 Junio 2019
La provincia de Quebec aprobó una controversial ley para prohibir los símbolos religiosos a trabajadores públicos. Críticos dicen que aprobó casi de una manera expresa, a las 10:30 p.m. del domingo durante una asamblea extraordinaria promulgada por el gobierno para acelerar la aprobación de varias leyes.
El proyecto de Ley 21, como se denomina la norma, contiene una cláusula que exige "medidas disciplinarias" no especificadas si los empleadores no hacen cumplir la prohibición, que cubre a todos los trabajadores del gobierno que interactúan con el público, incluidos los maestros y los conductores de autobuses.
Entre los críticos de la nueva ley está el primer ministro Justin Trudeau, quien dijo que el gobierno de Quebec no tiene por qué decirle a la gente cómo vestirse. Varios grupos musulmanes dijeron que la Ley 21 está dirigida de manera injusta a mujeres musulmanas que tendrían que eliminar el uso de la ‘hijab’ en sus empleos.
Los políticos de la oposición dijeron que el proyecto de ley original no contenía ninguna cláusula que obligara a los empleadores en caso de no querer cumplir la prohibición y que lo que se busca es crear una "policía secular": "El potencial de tener este tipo de policía no fue en absoluto parte del debate", aseguró el miembro liberal de la Asamblea Nacional, Marc Tanguay.
Por otro lado, Sol Zanetti, miembro del partido político de izquierda Quebec Solidaire cuestionó la implementación de la norma: "¿Habrá policías que persigan a personas para verificar si tienen algún signo religioso? No lo sabemos. No es clara la ley”.
El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses expresó su oposición al proyecto: "El Consejo denuncia firmemente los fundamentos discriminatorios del Proyecto de Ley 21". Por su parte, la Asociación Musulmana de Canadá aseguró que las mujeres musulmanas serán "atacadas injustamente" y que la ley "dará un mayor impulso a la islamofobia".
Además, el gobierno de la Coalición Avenir Quebec, un grupo de partidos de centro y nacionalistas de derecha, usó su mayoritaria presencia en el Parlamento para imponer también un cambio controversial en la ley de inmigración: El proyecto de Ley 9.
Esta norma requerirá que los inmigrantes a Quebec, donde el francés es el idioma oficial, tengan que pasar un examen de idioma y valores franceses. Lo que significa la destrucción de 18.000 solicitudes de inmigración, que afectarán a unas 50.000 personas obligadas a volver a gestionar de nuevo la solicitud bajo el nuevo sistema.
*José Ricardo Báez G. contribuyó con la traducción de este artículo.
