Diego Camilo Carranza Jimenez
13 Junio 2019•Actualizar: 14 Junio 2019
Washington rechazó la Ley de Amnistía aprobada el fin de semana en Nicaragua por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional.
“Los Estados Unidos rechazan categóricamente la llamada ‘amnistía general’ que absolvería condicionalmente a los involucrados en abusos y violaciones de los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado en la noche del miércoles mediante un comunicado.
Aunque celebró la reciente liberación de más de cien personas que habían sido detenidas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, el Gobierno estadounidense pidió la liberación “incondicional de todos los que han sido detenidos arbitrariamente”.
La Casa Blanca también exigió un informe completo de los “crímenes cometidos” por las fuerzas nicaragüenses, incluido su papel en la muerte en prisión del ciudadano estadounidense y preso político nicaragüense Eddy Montes, el pasado 16 de mayo.
“A pesar de las acciones recientes del gobierno y la legislatura de Nicaragua, Estados Unidos y la comunidad internacional continuarán responsabilizando a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, abusos de los derechos humanos y represión”, añadió el Departamento de Estado en su nota de prensa.
La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, señaló que “en lugar de Amnistía para los abusadores de los derechos humanos, los nicaragüenses necesitan un recuento completo de los crímenes (cometidos) por las fuerzas del gobierno y la restauración de las libertades fundamentales”.
La situación de Nicaragua fue uno de los temas discutidos entre el secretario de Estado Mike Pompeo y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, quienes se reunieron en la víspera en Washington.
La Ley de Amnistía contempla absolver a quienes han cometido delitos desde el inicio de las protestas antigubernamentales, el 18 de abril de 2018.
En medio de la crisis social y política que vive el país desde abril del 2018, al menos 325 personas han fallecido, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) sitúa el número de muertos en 593, mientras que el Gobierno nicaragüense reconoce 199 casos.
