La Contraloría de Ecuador investiga a Correa por el manejo de la deuda
La Contraloría de Ecuador audita la legalidad, las fuentes y el manejo de la deuda contraída, del 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017, por el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
BOGOTÁ, Colombia
La Contraloría General del Estado de Ecuador informó que el expresidente Rafael Correa será notificado como una de las personas investigadas por el manejo de la deuda interna y externa del país durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. El ex jefe de Estado se desempeñó como presidente del Comité de Deuda y Financiamiento del país durante su Gobierno.
El contralor general, Pablo Celi, afirmó que se realiza un examen a la legalidad, las fuentes y el uso de la deuda, y que los resultados serán notificados a las personas vinculadas con su manejo en el Gobierno anterior, entre los que se encuentra Correa.
Celi aseguró que los ministros titulares y subrogantes, subsecretarios de financiamiento público e integrantes del Comité de Endeudamiento que se desempeñaron entre el 2012 y mayo 2017 también serán notificados.
El contralor sostuvo que los resultados del informe se divulgarán en abril y que la investigación a la deuda es "un ejercicio de transparencia de la información a la ciudadanía".
El expresidente Correa manifestó que la deuda fue auditada hasta el 2014 y que la apertura de una nueva revisión se debe a una persecución del Gobierno.
“Todo esto es persecución, no nos engañemos, hablemos las cosas claras. Celi es un contralor ilegítimo, lo controlan desde Carondelet y otros sectores”, afirmó Correa.
El diario El Comercio de Ecuador señala que la auditoría a Correa, y a funcionarios de su Gobierno, incluye observaciones a la declaratoria como secreta y reservada de la documentación de operaciones de deuda.
La revisión también indagará sobre la venta anticipada de crudo, la modificación al Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y un convenio firmado con Petroecuador donde se asignó a la empresa la capacidad de gestionar el financiamiento externo para el Estado.
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