Organizaciones denunciaron la crisis de lactancia materna en Venezuela
La CIDH pidió que se apruebe su intervención en el país suramericano.
Una mujer amamanta a su hijo en la sala de espera de un hospital en Petare, un barrio sospechoso de propagación del virus Zika en el este de Caracas, Venezuela. (Carlos Becerra - Agencia Anadolu)
BOGOTÁ, Colombia
En el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se cumplen durante toda la semana en Bogotá, diferentes organizaciones como la Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa de Derechos Humanos y Centro Juvenil de Derechos Humanos, criticaron el monopolio por parte de empresas estatales en temas de alimentación y lactancia a menores de edad en Venezuela.
En ese sentido, María Lucrecia Hernández, represéntate de la Asociación Civil Sures, Estudios y Defensa de Derechos Humanos denunció que existe una alianza de empresas de lactancia privadas y los hospitales públicos para suplir la ausencia de leche materna y expresó que las clínicas monopolizan el servicio de la lactancia supliéndolo por productos lácteos empresariales que no contienen los nutrientes que demandan los bebés.
Para contrarrestar estas problemáticas, Hernández dijo que se deben mejorar los mecanismos en la evaluación del impacto que tendrá la falta de leche materna en las comunidades.
Para la representante de la Asociación Civil Sures, "las empresas están escapando de los controles estatales".
Hernández agregó que "queremos solicitar al Estado venezolano que se incluyan en la Constitución leyes que respeten los derechos humanos y que la Defensoría del Pueblo ordene estándares para la protección del consumidor. Es necesario establecer mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas que sufran las malas prácticas empresariales".
Por su parte, el representante del Estado de Venezuela, Larry Devoe, respondió a los alegatos de Hernández y remarcó que la situación en Venezuela de DDHH "ha cambiado para bien" y el Estado despliega importantes acciones para la supervisión de las compañías privadas que prestan estos servicios.
Finalmente, Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), dijo que es necesaria la presencia de la CIDH en Venezuela para supervisar todas estas denuncias y le pidió al gobierno de Nicolás Maduro que apruebe la entrada de la organización para verificar la situación actual.
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